No es libertad, es clasismo

https://agustinaperez.wordpress.com/2017/05/17/no-es-libertad-es-clasismo/

 

La escuela ya no es el lugar natural de la igualdad de oportunidades, como pide la Constitución y soñábamos algunos. El sistema educativo reproduce de modo cruel las desigualdades económicas. La escuela concertada se ha convertido en una burbuja clasista donde se refugia la clase media para blindarse ante la realidad. Elige alumnos, elimina a los problemáticos y se nutre de fondos públicos.

Mientras todos no partan de las mismas condiciones, no se puede hablar de igualdad ni de libertad de elección.

Dice Daniel Pennac que estadísticamente todo se explica, pero personalmente todo se complica. Los números del informe PISA se han manipulado siempre y se han ocultado datos significativos.

Se ha ocultado, por ejemplo, que esos informes dicen que nuestro sistema es de los más equitativos de la OCDE. Y también que, si eliminamos el factor sociocultural de la estadística, la escuela pública tiene resultados similares, e incluso más altos en muchos aspectos, que los de la concertada y privada.

Se empieza a estar ya muy harta de escuchar eso del fracaso de lo público cuando vemos a nuestro alrededor el derrumbe estrepitoso de lo privado en todos los ámbitos, empezando por el económico. Los buenos resultados de algunos centros no son garantía de eficiencia, sino muchas veces de falta de exigencia. Cuando no, de selección del alumnado.

Lo que ocurre es que nuestro sistema escolar es clasista. El gasto de la Administración valenciana en la  escuela concertada es muy superior a los países de nuestro entorno. Sólo en Valencia su subvención, incluida la del Opus Dei, supera el gasto en infantil y, claro, no hay guarderías públicas suficientes y faltan medios en colegios e institutos públicos, los de todos, los que no discriminan a nadie por causas económico-sociales o de cualquier otro tipo.

Ese gasto en concertada se disparó en la larga y funesta etapa de gobiernos del Partido Popular, sobre todo en la época de Francisco Camps. Mientras, los alumnos de la pública recibían la enseñanza en indignos barracones que se perpetuaron durante años.

Por eso es hoy tan necesaria la decisión valiente de la Consellería d’Educació del Gobierno valenciano de retirar el concierto a determinadas unidades de Bachillerato en centros concertados.

Por primera vez se cumple escrupulosamente la norma, aprobada por el Partido Popular (parece que para no cumplirla). El bachillerato no es enseñanza obligatoria. Por tanto, no entra en los conciertos al uso. Es necesario repetir, ante manipulaciones burdas, que se eliminan aulas de enseñanza no obligatoria concertadas y se aumentan en infantil y primaria  allá donde son necesarias.

Además,  los conciertos no son necesarios allá donde hay centros públicos que cubren las necesidades de todos. Si acaso, cumplen una función subsidiaria de la escuela pública y no al revés, como siempre ocurrió en épocas de infausto recuerdo en las que gobernaba el Partido Popular de Camps. La anomalía que supone la subvención pública de enseñanzas privadas, vía concierto, es sólo propia de este país. Con la excepción de Bélgica, esta clase de conciertos son inexistentes en Europa.

Otra cosa es la enseñanza privada. Legítima y defendible, siempre que sea sufragada por aquellos que la eligen. Pero eso no ocurre en la privada concertada que se nutre con los impuestos de todos, y que sólo es accesible a unos pocos. Los recursos que se dedican a ella se detraen de los que, según la ley, son de la pública.

Si algún padre o madre no quiere que sus hijos asistan a escuelas públicas, sea por la razón que sea, deben pagarse de su bolsillo la privada. En ningún caso reclamar, como hacían hace días en una manifestación, que se les pague a la carta su propia enseñanza.

La decisión de apostar por una escuela pública, fuerte, plural y de todos, debieron tomarla hace tiempo nuestros gobernantes. Desde los inicios de la etapa democrática, se debió apostar por fortalecer la escuela pública e ir disminuyendo progresivamente el peso de la privada concertada. Pero eso, por desgracia, nunca ocurrió.

Prefirieron apostar, derecha e izquierda, por una convivencia de ambas que nunca fue equitativa. Sin igualdad, no hay libertad.

Representantes de la escuela privada sufragada con fondos públicos, que eso es la concertada, reclamaban el otro día los mismos derechos que la pública.

Olvidaban reclamar los mismos deberes: admisión de inmigrantes, de alumnos con dificultades, no discriminación por sexo, raza o religión, enseñanza aconfesional, sin ideología religiosa impuesta. Ratios dentro de la ley, aulas ajustadas a la norma. 

En la pública se da cabida a todo tipo de ideologías y sólo hay dos condicionantes: la Constitución y los Derechos Humanos irrenunciables. La escuela pública no promueve campañas homófobas ni imparte educación sexista, como sí hacen algunos colegios concertados.

Y la libertad de cátedra en ella es sagrada. Nadie puede imponer un ideario propio a los centros. A eso se refiere la libertad de enseñanza, no a elegir a la carta contenidos e ideario, como sí hace la concertada.

Estudios sociológicos demuestran que el fracaso escolar afecta más a las rentas bajas. Los hijos de padres sin estudios tienen un 20% más de riesgo de fracasar. Sólo un tercio cursará bachillerato y apenas la mitad de ellos llegará a la Universidad. Y no los quieren en ciertos colegios concertados que saben muy bien evitar alumnos “molestos”, concediendo puntos a quienes no plantearán problemas ni necesitarán ayuda suplementaria. Los acoge la red pública, que no segrega a nadie. Como sí hace la concertada.

La escuela, por desgracia, es el reflejo de una sociedad que prima al dinero y los privilegios de clase sobre la  justicia equitativa. Hay padres que no dudan en pagar una cuota, por otra parte ilegal según la norma, a su escuela concertada para blindarse ante gente “que no le gusta” sea por raza, religión o clase social.

Los 9 colegios concertados de València a los que la Conselleria de Educación ha reducido aulas de Bachillerato apenas escolarizan a alumnos con necesidades de compensación educativa. Aquellos que presentan dificultades de inserción escolar al encontrarse en situación desfavorable. Es decir, niños de familias con pocos recursos, pertenecientes a una minoría étnica o inmigrantes.

La educación pública ofrece una salida y un futuro a todos nuestros jóvenes. La concertada elige alumnos por su clase social o por su rendimiento académico, mientras se nutre de fondos públicos de todos. La pública no segrega , como sí hace la concertada.

A nadie se le ocurriría exigir que se pagara con dinero público un hospital privado a un paciente que quisiera una habitación de lujo y prestaciones especiales. Si quiere privacidad, atenciones especiales y privilegios, que se los pague.

Nunca oí una voz de padres de la concertada apelando a la libertad de enseñanza cuando se suprimían aulas en la pública, al concertar el Partido Popular (ya dijimos que de modo irregular) bachilleratos en la privada concertada. Tampoco, a los representantes de escuelas católicas reclamar justicia para los desprotegidos, alumnos con necesidades especiales e inmigrantes a los que no admitían en sus aulas.

Nadie desde la patronal religiosa habló nunca de los profesores de la pública despedidos o desplazados. Ni de las tensiones en los institutos ante recortes brutales y supresión de aulas de bachillerato. Tampoco protestaron cuando los barracones en la pública proliferaban, mientras se reconstruían sus centros concertados con el dinero de todos. Ni una voz denunció los favoritismos del Partido Popular. Claro, les beneficiaban siempre. Y mucho.

Por no hablar del desvío de fondos para pagar de modo ilegal al profesorado concertado de más de ochenta años que no trabajaba. Todo un ejemplo de honestidad.

Ni de conciertos, que vulneran la Constitución, con centros del Opus Dei en Valencia que segregan por sexo. El Tribunal Supremo ha dicho de los que segregan: “Se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”. Pero el Partido Popular blindó por ley a los centros segregadores. Muy significativo y “legal” todo.

Tampoco se les oye exigir que el profesorado de la concertada pase por las mismas pruebas de oposición que pasa el de la pública.

Es difícil mantener la ecuanimidad necesaria en medio de una situación tan injusta en la que se da la paradoja de que los privilegiados de la enseñanza concertada se rebelan contra la devolución de derechos arrebatados a sus legítimos propietarios de la escuela pública.

Y se siente rabia al ver cómo el Partido Popular, que lesionó siempre los derechos de enseñanza pública, sale entusiasta a manifestarse cuando simplemente se le devuelven. El mundo al revés. Y el cinismo, a raudales.

Estos políticos son los mismos que ordenaron a la policía apalear estudiantes en la “primavera valenciana” cuando reclamaban sus derechos. Y ahora se visten de blanco para intentar lavar sus pecados cuando gobernaban.

No eran “el enemigo” los estudiantes. Eran víctimas inocentes de un saqueo sistemático, desde la Generalitat del Partido Popular, del dinero de nuestros impuestos. Sometidos a condiciones indignas en sus centros de enseñanza. Viendo cercenado su futuro por recortes brutales y leyes laborales esclavistas que aprobaron los mismos que ahora se ríen y se manifiestan y que saquearon las arcas de este triste país.

Los mismos que suprimieron 606 unidades en la escuela pública mientras regalaban aulas a la concertada. ¿De qué protestan y de qué se ríen tan alegremente? ¿Se han apuntado a la pancarta que denostaban?

Una cosa está clara: esta aplicación rigurosa de la ley, que ya dijimos que es del Partido Popular,  es el principio del fin de la injusticia que suponía gastar dinero público en enseñanza concertada no obligatoria. Volver a la senda legal que supone no concertar aulas allá donde haya oferta pública y acabar con el distrito único que sólo buscaba facilitar la matrícula en centros concertados. Falta camino, pero hay que empezar a andarlo.

La Comunidad Valenciana es la única en España que mantiene “conciertos plenos” para el bachillerato con los centros educativos. Una excepción que hay que corregir por justicia.

Es esta una decisión valiente que levanta ampollas sólo en quienes estaban acostumbrados a recibir sin dar, a seleccionar y a no incluir, a ganar dinero a costa de la cosa pública.

Quien quiera hacer negocio de la enseñanza, que se convierta en empresario y arriesgue. Eso es, me parece,  libertad de mercado y libertad de enseñanza. El resto, como siempre, es jugar con la palabra libertad para seguir manteniendo privilegios. Tienen todo el derecho a elegir educación a la carta, pero no a que se la paguemos con nuestros impuestos.

Porque eso no es libertad, es clasismo. Las cosas por su nombre.

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